La gestión ética en las organizaciones públicas

 

Todos los días los individuos se ven inmersos en acciones privadas, así como acciones públicas y es sobre todo en la realización de las actividades comunitarias que las personas se ven afectadas por la toma de decisiones de otros individuos quienes se encuentran operando las instituciones. 

En este sentido, se puede apreciar la función de gobierno, entendida como esa función de dar dirección común a las personas e instituciones para asegurar la coordinación y eficacia de los esfuerzos compartidos. 

Cuando es bien administrada y llevada a un plano de excelencia se convierte en lo que conocemos como el arte de gobernar, definido como el conjunto de aptitudes orientadas a crear un sistema de protección, productividad y equidad para que el orden institucional no sólo sea perdurable, sino que tenga capacidades vigorosas para mantener la organización compleja de la sociedad contemporánea.

Entonces, la ética pública se relaciona con la gestión entendida como proceso inherente a las organizaciones, como la regulación de la conducta de los servidores públicos y, finalmente como la gestión de la responsabilización en los asuntos públicos.

Conducta de los Servidores

El ordenamiento que se da en las sociedades, inicia desde la construcción de la ética social aprendida a través del sistema educativo formal, es ahí donde los individuos primero socializan y posteriormente institucionalizan y se convierten en reproductores de valores o antivalores sociales. 

Por eso, las políticas institucionales de gestión de la ética deben incluir la construcción de una cultura ética reflejada a través de valores institucionales respetados por todos los niveles administrativos dentro de la organización, expresada en los estatutos constitutivos y congruentes con la misión y visión del servicio público. Ello de tal manera que la consolidación de los valores democráticos y republicanos se aplique en la gestión política institucional.

Dicha cultura ética tiene implicaciones importantes con el concepto de responsabilidad, de igual modo las conductas éticas muestran a los individuos responsables en sus esferas de acción; en el plano de lo personal, lo comunitario y lo social. 

Valores Institucionales

Se atribuye tres tipos de situaciones en las que se distingue la responsabilidad, estas son:  

ser responsable consigo mismo, 

ser responsables con respecto a los demás, 

ser responsable a un estado de cosas, 

esta última está estrechamente ligada a las dos anteriores.

Se puede  considerar  que  la  participación  de  los  individuos  en  instituciones públicas o privadas puede generar actitudes éticas que ayuden al desempeño de los individuos dentro de las organizaciones en las que participan, es importante que dichas organizaciones se reconozcan como responsables de generar capital social a través de políticas institucionales que generen una cultura organizacional con valores, así fortalecer las conductas éticas que permean no solo en la vida institucionalizada del individuo sino también dentro de su desarrollo personal.

Responsabilidades

Un factor determinante dentro la ética de las instituciones públicas es la cultura organizacional, que “la configuran el conjunto de valores, creencias, tradiciones y modos de ejecutar las tareas que, de manera consciente o inconsciente, cada organización adopta y acumula con el tiempo, y que condiciona fuertemente el pensamiento y el comportamiento de sus miembros”. 

Es a través del desarrollo intencional de una cultura institucional que la ética emerge en la conducta de los individuos; ya que aporta guías al desarrollo de los miembros de la organización, y a su vez, favorece que el desarrollo de cada acción se sustente en principios básicos del servicio público y de la ética pública. 

La ética desde la gestión burocrática fortalecería una cultura organizacional basada en valores éticos; ya que generaría una sinergia importante para traducir las conductas individuales a conductas éticas.

Los retos que presenta la sociedad multicultural son enormes debido a las grandes desigualdades sociales que lastiman a grupos vulnerables en el país, que requieren de prácticas administrativas con una cultura organizacional regida por principios éticos como la responsabilidad, el bien común, la confianza y la transparencia. Estos principios deben estar presentes en marcos normativos para que evidencien que el incumplimiento de los mismos atenta contra la vida ciudadana y se disminuyan los altos niveles de impunidad en el servicio público administrativo.

Cultura Organizacional

Las acciones que realizan los servidores públicos en su comunidad deben cumplir con los compromisos establecidos con los ciudadanos a los cuales sirven, es decir, esta relación entre la conducta ética y el compromiso con el bien común dentro de la interrelación del ciudadano con el servidor público da como resultado un círculo virtuoso ya que es a través de la ética de ambas partes que se genera la confianza. Para las organizaciones públicas la retribución que les provee el entorno social es la buena reputación y buena fama, que legitima su actuación en el entorno de lo público, con esto las organizaciones legitimadas generan confianza ciudadana en ellas, por lo que son percibidas por sus ciudadanos como eficientes, lo que da paso al cumplimiento de los fundamentos sociales de su creación. De otra forma, la poca legitimidad genera tensiones sociales entre las organizaciones o instituciones y los ciudadanos.

El reto de las organizaciones públicas radica en la implantación de un modelo de gestión ética que impacte de fondo algunas conductas arraigadas socialmente en dichas instituciones, por ejemplo; 

la designación de recursos con discrecionalidad y no basado en indicadores de buenos resultados de gestión, 

la falta de evaluación hacia dentro de ciertos rangos de puestos dentro de la función pública donde prevalece la designación de puestos por lealtad política y no por medio de un desempeño de excelencia. 

Estas prácticas arraigadas inhiben el desarrollo de las organizaciones hacia   la eficiencia y eficacia tan buscada en el entorno administrativo de la vida pública.

Modelo Gestión Ética

Cuando se vincula la gestión pública con la política, la gestión ética debe hacerse presente en dicha relación buscando que la política genere una cultura organizativa gubernamental con valores claros en el ejercicio de funciones. 

Todos los elementos que intervienen en una organización actúan en un ir y venir de negociaciones donde la ética pública debe estar presente, utilizando la analogía de que la gestión pública es como un engranaje, donde el elemento de unión es la ética, algo así como la energía que motiva el movimiento de los engranes. 

Los elementos componentes del todo se accionan al ejercicio de la ética. Su funcionamiento depende no tan sólo de las acciones operativas que se llevan a cabo en ella también sino de la fuerza con que la ética dirige las acciones de la organización.

Círculo vicioso vs. virtuoso de la ética

La ética en el espacio de lo público favorece un ambiente de confianza y certidumbre para que las reglas sean definidas y cumplidas por los actores sociales. En este marco, la ética pública es el conjunto de premisas, valores, hábitos y reglas que se caracterizan por ordenar el deber ser de las cosas, así como el dictado de las normas que se canalizan al obrar recto de los ciudadanos.

En las organizaciones se comparten enfoques, la organización tiene propósitos lo cual mantiene a la organización en pertinencia y une a todos los individuos a ella con un objetivo en común. También se pueden generar fuerzas o decisiones que se orientan en sentido contrario, creando con esto un clima de tensión hacia el interior y el exterior. 

Los valores organizativos generan una cultura dentro de la organización que logra integrar objetivos en común con los de los individuos inmersos en ellas. 

Los actos de corrupción   tanto   públicos   como   privados   erosionan   la   conducta  ética   de   los instrumentadores (servidores públicos) y si estos son cometidos por el equipo de más alta jerarquía (los políticos), si el acto de corrupción es realizado por los instrumentadores de las políticas, el daño es más cercano al ciudadano que se desencanta de sus instituciones, y ello impacta en la generación de sentimientos individualistas de los ciudadanos y en detrimento de la construcción de capital social. 

Esto quiere decir que en la medida en que se observe que las actuaciones de los altos ejecutivos públicos se sitúan fuera de la esfera de los principios y valores establecidos, se reducirá la confianza, la asociatividad, la reciprocidad, la solidaridad y en general la ética cívica, erosionando la cohesión social, las relaciones entre grupos y organizaciones y el fortalecimiento del capital social.

Actos de Corrupción 

Para dar certeza en el cumplimiento de su papel los servidores públicos deben ejercer estos procesos de negociación con valores éticos, para así legitimar sus acciones políticas y que éstas abonen a la disminución de las desigualdades sociales y no sean interpretadas como acciones que favorezcan a unos cuantos y perjudiquen a los que menos tienen propiciando mayores desigualdades sociales y desconfianza en el gobierno.

El surgimiento de conceptos como los de ética, la transparencia, responsabilidad social y la rendición de cuentas en el ámbito de las organizaciones públicas y privadas implica por parte de directivos y empleados reconocer que además de la generación de bienes públicos o de la riqueza como fin, es necesario cumplir con otras funciones sociales, no sólo vender productos, sino crear a través de la realización de bienes, un beneficio social y una mejora a la sociedad. Por ello, la ética, la responsabilidad social y la rendición de cuentas abarcan diversos aspectos del ámbito económico, social y ambiental.  

Un objetivo de los servidores públicos en el ejercicio del poder debe ser impulsar acciones que aporten al desarrollo de capital social y a disminuir la desigualdad que permita a los individuos actuar con valores comunitarios como el compromiso con el otro, la toma de decisiones racional y la participación cívica. 

Por lo tanto, el desarrollo de estas conductas ciudadanas no es posible en realidades sociales con altos índices de desigualdad social y de corrupción. 

Por esta razón los servidores públicos deben reconocer su compromiso de combatir la desigualdad para poder construir una comunidad más equitativa y solidaria.