Las administraciones públicas esta constituida esencialmente con componentes de gobierno y con medios que materializan la acción gubernamental en políticas y programas que atienden las demandas y necesidades de la población.
El capital humano por su parte, constituye el recurso fundamental que le da el dinamismo, la intencionalidad y la congruencia a los objetivos del gobierno con las políticas y programas. Por tal razón, la gestión se ve determinada por la ética en los sistemas democráticos y ésta, a su vez determina la confianza, la legitimidad y en última instancia, la eficacia de las instituciones.
Por otra parte, la implicación ética en la política, concierne al hecho de que se entiende como una vía que permite conseguir arreglos y negociaciones para dirimir controversias, conflictos y contradicciones, esa utilidad social y pragmática es reconocida como una opción confiable para que la gobernabilidad sea el sustento de la vida social.
Al contrario, la omisión ética en la política da lugar a prácticas corruptas como el cohecho, el clientelismo, el nepotismo, el abuso del poder, la arbitrariedad, y junto a todo esto, la impunidad.
Todo esto afecta el prestigio de las instituciones político-administrativas. Por tal motivo, y por el desprestigio y desconfianza sufrido por las administraciones públicas en las últimas décadas como el caso del cantón Loja con el ex alcalde y revocado Castillo periodos: 1988 -1992, 1996 – 2000, 200 - 2004, 2014 – 2018 y el actual alcalde Bailón periodos: 2005 – 2009, 2009 – 2014 y 2019 si cumple hasta el 2023, el interés por la gestión de la ética y la vigilancia de los comportamientos en el servicio público han tenido muy poco auge mientras en a nivel internacional ha existido un auge muy importante en las agendas gubernamentales y también en nuestro país. (En la medida en que gobernar implica un compromiso ético con la sociedad, el servicio público se convierte en un cuerpo de funcionarios honrado y competente que da dinamismo y sentido al gobierno en acción.
1. Provee trato considerado a los ciudadanos y al público en general.
2. Simplifica los procedimientos relacionados con la vida civil.
3. Vigila que las normas no inhiban las respuestas de la administración pública.
4. Evita la cultura del partidismo.
5. Evita el uso discrecional de los recursos públicos.
6. Establece la diferencia entre los cargos administrativos y políticos.
7. Diseña controles funcionales para ordenar sin frenar a la administración.
8. Diluye la impunidad en el ejercicio del cargo.
9. Escucha a la ciudadanía.
10. Formula políticas públicas de cara a la sociedad.
En este contexto de gobernanza, el diseño de unas políticas públicas y sistemas de gestión de la ética y de la responsabilización que pretendan corresponder a un modelo democrático, abierto e inclusivo tiene como referencias un excelente paradigma para encontrar patrones institucionales que sean congruentes y legítimamente aceptados. Más aún, pudiéramos decir que prefiguran el modelo de gobernanza que ha venido construyéndose a partir de las reformas recientes en la gestión gubernamental.
