La administración pública ha sufrido una profunda transformación que ha venido a complementar el proceso de reforma del Estado que se ha llevado a cabo a partir de la década de los ochenta, principalmente como una solución a la crisis administrativa que se vivía en ese momento especialmente en América Latina en Ecuador se inicia en el 2011, condición que se ha extendido hasta nuestros tiempos.
Como consecuencia de la persistencia de problemas sociales como la marginación, la pobreza, la inseguridad, la ineficiencia administrativa, la falta de resultados que satisfagan plenamente las demandas sociales, la ciudadanía ha exigido profundas transformaciones institucionales que han impactado a toda la organización social.
Desde la democratización paulatina de los órganos estatales y de la alternancia en el ejercicio del poder, hasta una cada vez más intensa participación social en organizaciones y movimientos espontáneos, la reforma del estado sigue siendo un fenómeno perceptible en nuestra vida diaria.
En razón del impacto que dentro de este proceso tiene la reforma gubernamental resulta de particular relevancia la transición de la administración pública tradicional a la nueva gestión pública como modelo que ha revolucionado la concepción burocrática del gobierno y ha incorporado la gobernanza democrática.
Este nuevo concepto de gestión pública hace énfasis en las relaciones descentralizadas, interinstitucionales e intergubernamentales. Es una gestión de coordinación, de dirección por consenso, con el objeto de transformar el funcionamiento de las organizaciones públicas y crear una gestión pública orientada al ciudadano, enfocada a resultados y a procurar la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad en la provisión del servicio público, cosa que hasta el momento no sucede existen ciertos intentos como el de cuando se inicia un trámite el no sacar fotocopias de la cedula de identidad o DNI para presentarla y resto continua igual montañas de papeleo.
Esta centralidad en el ciudadano implica considerarlo en sus dos facetas, como titular de derechos y obligaciones, por un lado, y como ciudadano cliente de servicios públicos, por otro. Debe ser una gestión abierta, constructiva y visionaria que le permita adecuarse a las futuras realidades públicas y políticas que los estados han de enfrentar para lograr una mejor gobernanza.
En este sentido, la Comisión de las Comunidades Europeas en el Libro Blanco de la Gobernanza Europea ha definido cinco principios básicos para lograr una buena gobernanza:
1. Apertura. Impone a las instituciones gubernamentales trabajar de forma más abierta, desarrollando una comunicación más activa, de tal forma que conduzca a una mayor legitimidad en las instituciones.
2. Participación. Entiende que la calidad, la pertinencia y la eficacia de las políticas implican una amplia participación ciudadana tanto en la fase de formulación como de implementación, aunque a esto habría que añadir la necesidad e importancia de la participación en el seguimiento y evaluación de políticas públicas para otorgarle mayor legitimidad a las acciones gubernamentales.
3. Responsabilidad. Requiere clarificar el papel de cada una de las instituciones y actores que intervienen en la toma de decisiones, así como en el desarrollo e implementación de las políticas públicas.
4. Eficacia. Implica resultados efectivos mediante el logro de los objetivos, y de una constante evaluación que permita reorientar las políticas y medir su impacto.
5. Coherencia. Requiere que las distintas políticas y acciones sean coherentes y fácilmente comprensibles.
En este contexto, las relaciones que se establecen entre las políticas públicas relativas a la ética, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen una triada fundamental en el desempeño democrático en condiciones de gobernanza. Todas ellas se han convertido en valores que caracterizan los modelos modernos de gestión en cuanto fortalecen la credibilidad, la confianza y finalmente la aceptación del gobierno y de la administración pública por parte de los ciudadanos.
Durante los últimos años, los estudiosos de la Administración Pública han considerado el tema de la rendición de cuentas bajo el debate entre dos diferentes perspectivas clásicas; aquellos que creen que la burocracia es capaz de auto controlarse y aquellos que argumentan que es necesario mantener una férrea supervisión externa sobre los organismos y servidores públicos.
Debido a la debilidad institucional y a la propensión de nuestros servidores públicos y políticos a dar uso de los recursos públicos en un sentido patrimonialista y partidista, la balanza se inclina hacia el establecimiento de más y más controles que impidan los comportamientos indebidos y la impunidad.
En las democracias modernas la rendición de cuentas alude al control y la vigilancia de los gobernantes; a la presencia de frenos y contrapesos al poder político y a la posibilidad de que los ciudadanos refrenden su consentimiento o disentimiento por la vía electoral en torno a cómo ejercen el poder quienes ocupan los cargos públicos y de representación.
La gestión de la ética en las organizaciones públicas y el desarrollo de la rendición de cuentas dependen de la madurez de la sociedad civil y de la superación de una tradición centenaria por la falta de incentivos y participación popular, características del modelo autoritario que dominó los regímenes latinoamericanos durante varias décadas.
La gestión de la ética consiste en ese proceso mediante el cual los titulares de los órganos gubernamentales establecen una serie de mecanismos que reduzcan las posibilidades de comportamientos indebidos por parte de sus integrantes y generen a su vez conductas orientadas a la excelencia y la dignificación del servicio público.
La rendición de cuentas, por su parte, es la obligación permanente de los mandatarios o agentes para informar a sus mandantes o principales de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad que se realiza mediante un contrato formal o informal y que implica sanciones en caso de incumplimiento.
Desde el punto de vista de los propios administradores, estos procesos complementarios, ofrecen una perspectiva en la cual la cuestión estriba en el continuo desafío de enfrentarse con distintas, además de conflictivas e incluso cambiantes expectativas de actores y otros participantes en las decisiones públicas.
Una gran variedad de actores tiene legítimas bases para tener expectativas sobre el qué y el cómo deben los administradores públicos hacer o no. Estos actores, quienes son una fuente de control de la conducta de los servidores públicos, pueden incluir supervisores, los tribunales, organismos profesionales, clientelas, oficiales electos, prensa y público en general.
Sus expectativas son típicamente percibidas como legítimos reclamos sobre las agendas de las instituciones gubernamentales y de sus administradores porque ellas se originan de fuentes que estos actores consideran que tienen una legítima demanda sobre la atención y desempeño de ciertos servidores públicos. Los servidores públicos se encuentran entonces enlazados a estas diversas fuentes de control y expectativas a través de complejas redes de relaciones de responsabilidad, de control, de socialización y de rendición de cuentas. En este marco, las relaciones emanadas de la gestión ética y la rendición de cuentas son los mecanismos establecidos por los cuales los funcionarios públicos están obligados a responder por su desempeño.
